Felipe González, el torturador gangrenado, y su canallada jurídica es el título de un artículo de Justo de la Cueva publicado en EGIN el domingo 17 de julio de 1983, en la página 16, sección de "opinión".
Diez días después de la fecha de publicación el fiscal de la Audiencia Nacional compareció ante el Juzgado nº 5 de la misma afirmando que en ese artículo "se vierten graves conceptos y frases que, en su momento podrán ser calificados como apología del terrorismo y desacato al presidente del Gobierno". El 13 de septiembre el Juzgado de Instrucción Central nº 5 de la Audiencia Nacional dicta un auto que considera que los hechos revisten los caracteres de un delito de apología del terrorismo (art. 216 bis, A.1, párrafo 2º del Código Penal) y de desacato al presidente de Gobierno (art. 244 del Código Penal). Y procesa al autor del artículo acordando su prisión provisional comunicada. Señalando una fianza de seiscientas mil pesetas para evitar esa prisión provisional y otra de dos millones de pesetas para las resultas de las responsabilidades pecuniarias de la causa.
El procesamiento se añade al anterior dictado por un delito de injurias por auto del mismo Juzgado de 30 de junio anterior (como consecuencia de la publicación del artículo "Desfile de cretinos" en la revista PUNTO Y HORA DE EUSKAL HERRIA). A consecuencia del cual la empresa editora hubo de prestar fianza de 200.000 ptas. para evitar la prisión provisional de su redactor.
Aportaciones populares cubrieron la fianza suplementaria de 600.000 pesetas, la de dos millones no se cubrió al reconocerse judicialmente la insolvencia del procesado. Que permaneció durante seis años en libertad provisional bajo la fianza acumulada de 800.000 pesetas y sujeto a otras medidas cautelares. Hasta que, habiéndose posteriormente inhibido la Audiencia Nacional, es juzgado por la Audiencia Provincial de Donostia que le absuelve en sentencia de 23 de marzo de 1989.
Recurrida la sentencia por el Ministerio Fiscal fue desestimado el recurso por el Tribunal Supremo que confirmó la absolución.
Este es el texto del artículo:
Felipe González, el torturador gangrenado, y su canallada
jurídica.
Perdóname, lector/a, que insista en escribir sobre un sujeto
como éste.
Pero verás. Hace siete años que Miguel Castells
publicó (en "Ruedo Ibérico" y en Francia)
un libro titulado "Consejos de guerra en España. Fascismo
contra Euskadi". No sabía yo entonces que el "Pierre
Celhay" que lo firmaba era en realidad mi amigo y compañero
de hoy, Miguel, bajo el imprescindible "nombre de guerra".
Las dos páginas que más me impresionaron de ese
magnífico libro no eran, sin embargo, de Miguel. Sino la
reproducción fotográfica del manuscrito de Txiki:
su mensaje "Al Pueblo Vasco y a todos los pueblos de España"
escrito a escondidas "en la cárcel de Barcelona a
la espera de ser ejecutado".
En el último párrafo decía Txiki: "Me
gustaría que este escrito sería más amplio
y detallado pero me es imposible por falta de papel y otros medios".
Me tengo prometido a mí mismo que mientras tenga "papel
y otros medios" usaré mi pluma para ampliar y detallar
el discurso que Txiki y tantos otros gudaris como él escribieron
y escriben con los trazos vivos de su lucha contra la represión
y los sufrimientos que tiene que soportar el pueblo vasco. Represión
y sufrimientos de los que hoy es responsable directo y personal
Felipe González Márquez, toda vez que según
los artículos 97, 98 y 100 de la Constitución del
Estado español: "El Gobierno dirige la política
interior y exterior, la Administración civil y militar
y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y
la potestad reglamentaria...." y "el presidente dirige
la acción del Gobierno y coordina las funciones de los
demás miembros del mismo" que son nombrados y separados
a su propuesta.
Por eso hay que insistir en escribir sobre el señor González.
Como una vez escribiera Alfonso Sastre ("de prisión
a prisión") a Eva Forest: "Pero a pesar de todos
los procesos, la noche es enemiga, nuestro es el día; nosotros
somos libres y ellos presos".
No. No es posible callar.
Felipe González, el torturador, le he llamado una vez en
el título de un artículo en EGIN publicado. Le llamo
en el título de éste Felipe González, el
torturador gangrenado. Y están ambos títulos de
forma terrible encadenados.
Porque a fuer de torturador Felipe González está
ya gangrenado. La tortura es una práctica vil e inmunda.
Y, como certeramente denunciaron al mundo los intelectuales franceses
antifascistas cuando el Ejército francés usaba la
tortura contra el movimiento de liberación nacional y social
argelino, la tortura es una gangrena que pudre el cuerpo social
de la organización que la comete. Y que pudre a los individuos
que la cometen y la mandan.
No. No es posible callar.
Porque hoy la Guardia Civil y la Policía franquistas, bajo
la dirección y las órdenes de Felipe González
Márquez, siguen torturando a los vascos en las comisarías
y los cuartelillos. Es público. Es notorio. Se dice por
la radio. Se publica en portada en los semanarios. Lo afirman
jueces, obispos, periodistas, curas, parlamentarios. Lo va a publicar,
seguro, Amnesty International en su próximo informe, cuando
sus equipos de expertos terminen de contrastar los múltiples
casos que, documentados, les han sido denunciados.
No. No es posible callar.
Aquí, en el Estado español con Gobierno del PSOE,
se tortura como en la dictadura y Felipe González Márquez
es un torturador. Tanto más horrendo cuanto que cínicamente
blasona de defender los derechos humanos.
Insisto. Felipe González es un torturador. No tortura con
las manos que tiene al final de sus brazos. Pero lo hace con otras
manos que tiene. Las que obedecen sus órdenes como "director
de la Administración civil y militar". Que no pueden
actuar en contra de sus órdenes ni sin su consentimiento
expreso o tácito.
Ahora Felipe González ha dado un paso más en su
carrera como torturador. Sus subordinados han consumado lo que
una pluma certera (la de Carlos Santamaría en la página
26 del "Diario Vasco" del 3-7-1983) ha definido como
una "canallada jurídica". Y que es la siguiente:
violando su Constitución (arts. 17, 24 y 53) el Estado
español, mediante la aplicación de una legislación
"antiterrorista" que convierte a esa Constitución
en una burla soez, incomunica a los detenidos, les priva de la
asistencia letrada, bloquea la garantía del "habeas
corpus" y facilita así la indefensión de los
ciudadanos en manos de los torturadores. Indefensión espantosa,
a solas el torturado con sus torturadores.
Pues bien. Rizando el rizo, los subordinados de González
(Barrionuevo y el Delegado del Gobierno en Navarra por ejemplo)
se han permitido la atroz burla de advertir que, si un torturado
se arriesga a denunciar a un juez sus torturas, el Gobierno se
querellará contra él por calumnia. A no ser que
pueda demostrar su acusación.
A ese exigir "la demostración de unos hechos que previamente
han sido colocados en condiciones de absoluta indemostrabilidad"
es a lo que Santamaría llama con acierto "canallada
jurídica".
De la que es responsable, añado yo, Felipe González,
el torturador y gangrenado.
JUSTO DE LA CUEVA
Sociólogo
Abogado
Militante de Herri Batasuna
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